The criminals who
still rule Chile protect their ringleader
New Amendments to the Chilean
Constitution Confers Absolute Immunity to General A. Pinochet
A new amendment to the Chilean Constitution, approved by the Chilean
Parliament on the 19th January 2000, will confer the title of Former
President of the Republic to General A. Pinochet. This seemly innocuous
title has a constitutional status and gives the holder absolute immunity
from prosecution by the Chilean Courts.
The Chilean government has been insisting that once the ex-dictator General
Augusto Pinochet has been returned to Chile, the Chilean tribunals will try
him according to the norms of a just and formal judicial process. However,
without dwelling on the details of the existing political, legislative and
judicial reasons of why General Pinochet can not be prosecuted in Chile, the
Chilean people find themselves confronting a new development that will
ensure that General Pinochet can never be prosecuted in Chile.
On 7th September 1999, five Senators of the Republic put forward a
parliamentarian motion for a Constitutional Amendment named: "The
Establishment of the Statute of FORMER PRESIDENT OF THE REPUBLIC".
This Constitutional amendment contains only one clause, the creation of the
statute of FORMER PRESIDENTS OF THE REPUBLIC. The motion, Congress Bulletin
02397-07, was approved by the Senate in the especial session (number 33) on
15th September 1999. On the 19th January 2000, the president of the Republic
Mr Eduardo Frei ordered the project to be marked "Extreme Urgency". As a
result of this, on 25th January 2000, the Lower Chamber of the Parliament
approved the project without any alterations. This new law needs some minor
administrative paperwork to become part of the Constitution and thus
consecrate the impunity of General Pinochet.
In particular, the amendment to the Constitution added 5 new paragraphs to
Article 30 of the Republic's Political Constitution. The object of such
amendment is to authorize Life Senators to resign their functions, -
presently not included in the Constitution- and gives new privileges to
former Presidents. This includes Pinochet, if he resigns his Life-
Senatorial post. Such privileges includes a life pension (c.a. $4000/per
month) and the award of the official title of "FORMER PRESIDENT OF THE
REPUBLIC". This title, which has a constitutional status, gives the holder
absolute immunity from prosecution.
As a consequence of this, Pinochet will get and maintain the privileges
given to all acting parliamentarians. These privileges mean that he can not
be prosecuted without a previous process of withdrawing the Parliamentary
Immunity. Although, the Chilean Civil Code, Article 611, includes a
procedure to withdraw the immunity of a member of Parliament or Senator, it
does not include a procedure to withdraw said immunity from "Former
Presidents". The privilege of immunity given to the new status of Former
President, as stated in the constitutional amendment, will therefore be
permanent as there is no mechanism to withdraw it.
This unethical constitutional amendment gives a new and fool-proof warranty
of impunity to the ex-dictator. Although, it is not possible to think that
the parliamentarian have involuntarily missed the non existence of a
mechanism for withdrawal of the privilege, the following was added to the
new article:
"A former President that has been declared guilty in a political
prosecution will not enjoy this privileges". This, of course, is not a risk
for Pinochet, unless he is prosecuted in Spain or Britain, he will never be
prosecuted for the crimes that he committed.
As a result of the above, if Pinochet is send to Chile, it will not be the
possible to try him. He will enjoy privileges that no other Chilean has, and
will be untouchable by the Courts. Once the Chilean government has the
certainty that Pinochet is on his way back to Chile, the Constitutional
amendment will be quickly and quietly finalised, in order to give the
international community the false impression that Pinochet can be tried in
Chile.
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De manera insistente, y tanto en canales nacionales como internacionales,
el Gobierno de Chile ha señalado que una vez que el ex dictador Augusto
Pinochet sea expulsado de Gran Bretaqa con destino a Chile, nuestros
tribunales los juzgaran y sancionaran de acuerdo a las normas de un justo y
debido proceso.
Sin entrar en detalles sobre la imposibilidad existente hasta este momento,
tanto poltica, legislativa como judicial de que Augusto Pinochet sea
procesado por los tribunales chilenos, nos encontramos frente a un nuevo
hecho que hará imposible el juzgamiento de Pinochet en Chile.
Con fecha 7 de septiembre de 1999, cinco Senadores de la República, Sres.
Aburto (senador designado y ex presidente de la Corte Suprema ), Diez (del
partido de derecha Renovación Nacional), Hamilton (del partido Demócrata
Cristiano), Larraín (del partido de extrema derecha U.D.I.) y Viera-Gallo
(del partido Socialista) presentaron, como moción parlamentaria, un
Proyecto de Enmienda constitucional denominado "ENMIENDA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE
ESTATUTO DE LOS EX PRESIDENTES DE LA REPUBLICA", el cual comprende un único
artículo.
Tal moción parlamentaria tiene el número de boletín del Congreso 02397-07 y
fue aprobado por el Senado, en una sesión extraordinaria (la número 33) con
fecha 15 de Septiembre de 1999. Con fecha 19 de Enero, el presidente de la
República don Eduardo Frei, ordenó que el tramite parlamentario de dicha
enmienda constitucional tuviera el caracter de "SUMA URGENCIA".
En razón de la urgencia presidencial, con fecha 25 de Enero del presente
año la Camara de Diputados aprobó, sin modificación alguna, dicho proyecto
legal.
Por tanto hoy sólo faltan tramites menores para que dicha enmienda sea
una realidad en nuestra Constitución, y se termine de consagrar la impunidad definitiva
en favor de Pinochet.
En lo particular dicha enmienda, agrega cinco incisos al artículo 30 de
la Constitución Política de la República. El objeto de dicha enmienda es
de autorizar a los senadores vitalicios a renunciar a sus funciones, hecho
que no estaba permitido en la Constitucisn y de otorgar un nuevo fuero a
los ex Presidentes y por ende al General Pinochet una vez que éste
renuncie a su calidad de Senador Vitalicio.
Dicho fuero no sólo comprende una renta vitalicia, sino que también le
permitirá adquirir la "DIGNIDAD OFICIAL DE EX PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA", la cual será de rango constitucional. Como consecuencia de esa
"dignidad", Pinochet obtendrá y mantendrá el fuero de que gozan los
parlamentarios.
Ese fuero implica que no podrá ser sometido a proceso sin que previamente
haya sido sometido a un procedimiento procesal de desafuero. Sin embargo,
nuestro Código de Procedimiento Penal, en sus artículos 611 y siguientes,
contempla el procedimiento para desaforar a Diputados y Senadores en
ejercicio y no a quienes gozan de la denominada y nueva dignidad de Ex
Presidentes de la República. Por lo tanto, ese cuerpo legal no contemplará
el modo de desaforar a los Ex Presidentes de la República y, siendo de
rango constitucional la norma que concederá dicho fuero a Pinochet, la
norma meramente legal de desafuero a los parlamentarios en ejercicio no le
sera aplicable (...).
Por ende, la inmoral enmienda constitucional viene a consagrar una nueva
e insalvable garantía de impunidad en beneficio del ex dictador.
Sin embargo, no es posible pensar que los parlamentarios hayan perdido de
vista, involuntariamente que para este caso no existe un mecanismo de
desafuero, ya que el proyecto de ley señala que NO ALCANZARA LA DIGNIDAD, Y
POR ENDE EL MENTADO FUERO, AL EX PRESIDENTE QUE "HAYA SIDO DECLARADO CULPABLE EN UN
JUICIO POLITICO SEGUIDO EN SU CONTRA". O sea, busca asegurar la tranquilidad de
Pinochet y para ello deja en manos del Senado la posibilidad, mediante un juicio
político, de desaforar a los Ex Presidentes de la República.
Pero ya en 1998 se siguió un juicio político en contra de Pinochet, EL
CUAL NO PROSPERO A CAUSA DE LOS VOTOS DE PARLAMENTARIOS DE GOBIERNO.
Por todo lo expuesto, resulta que si Pinochet fuese enviado a Chile, no
existiría la posibilidad de que fuera procesado ni condenado, sin perjuicio
de que gozara de privilegios ante los Tribunales de Justicia, de los cuales
el resto de los chilenos no gozan. Por lo demás, parece obvio que una vez
que el Gobierno chileno tenga la certeza absoluta de que Pinochet
regresará, se hará realidad en la Constitución de la República, la
enmienda antes mencionada cuyo proyecto se mantiene bajo un manto de
silencio con el fin de dar a la comunidad nacional e internacional la
errónea impresión de que Pinochet será juzgado en Chile.
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